Las cintas apuntan que Rambla «apadrinó» a Orange Market para un evento con 50.000 mujeres.

ESPA„A-CONSELL
Pérez explicó al número dos de la trama que el vicepresidente, según un amigo suyo, apoyaba que su firma organizase un récord de «Fitness»

J. GARCÍA/F. ARABÍ VALENCIA ­
La transcripción de las conversaciones telefónicas incluida como anexo en el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía apunta a que el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, «apadrinó» a Orange Market para un posible evento deportivo que finalmente no ha llegado a celebrarse. Al menos eso es lo que le cuenta el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, al número dos de Francisco Correa, Pablo Crespo, al trasladarle la conversación que ha mantenido con el padre de uno de los compañeros de colegio de su hijo, que participó en una reunión con Rambla tras quedarse un fondo inversor en el que trabaja la empresa de ropa deportiva Kelme. El gran evento, de los que el Consell de Camps ha hecho uno de los pilares de su política, consistía en batir el récord Guiness de mujeres, 50.000, haciendo «fitness», con la Ciudad de las Artes y de las Ciencias como escenario.
Los cabecillas de la trama dan por hecha la participación de la empresa pública que gestiona el complejo levantado por Santiago Calatrava en Valencia en el proyecto. La conversación se produce el 5 de diciembre de 2008. Según explica «El Bigotes» a Pablo Crespo, el padre de un compañero de su hijo se dedica a temas económicos y está en un fondo de inversión que se ha quedado con Kelme. La crisis de esta firma deportiva valenciana, apunta «El Bigotes», la ha gestionado el director del Instituto de Finanzas, Enrique Pérez Boada.
Acto seguido, añade entonces que este padre «le dijo que ayer, en una reunión, estuvieron con el vicepresidente del Gobierno, Vicente Rambla», a lo que «El Bigotes» le apunta que el vicepresidente del Consell «es muy amigo suyo».

Un helicóptero desde el cielo
El hombre de Francisco Correa en Valencia agrega que el padre «cuenta que quieren volcarse en el tema del fútbol y en el del ´fitness´, y que Vicente Rambla les dijo que para todos esos temas a él le gustaría que lo hiciera una empresa valenciana que se llama Orange Market, cuyo dueño es Álvaro Pérez».
«El Bigotes» señala que una de las ideas que le ha planteado el padre es que «50.000 mujeres batiesen el récord de fitness, con un helicóptero grabando desde el cielo y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con gente del Libro Guiness certificándolo». En ese momento, Pablo Crespo apostilla que la Ciudad de las Artes y las Ciencias «también lo patrocinaría». Habla como si fuera el director de Cacsa.
La transcripción revela que el presidente de Orange Market quedó con el padre del niño, al que no se identifica en ningún momento, para hablar del asunto. Pérez asegura que ha llamado a Vicente Rambla «para decirle que ya ha hablado con el hombre ése». Añade que «aprovechó la circunstancia para decirle a Vicente que a ver si la semana que viene le echa una mano». «Vicente le respondió que ya quedarán para desayunar y hablar, ´No te preocupes que está ya a punto de caer´», zanjó, supuestamente sobre el proyecto.
La actitud que Pérez le atribuye a Rambla se contradice, no obstante, con las pegas que en otras conversaciones el vicepresidente pone a las pretensiones de la trama y que provocan las iras de «El Bigotes» con la complicidad del secretario general , Ricardo Costa.

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La trama Gürtel cobró al PP en negro por las principales campañas locales de 2007.

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Catorce alcaldes y portavoces aparecen en los papeles de Orange Market como contactos para tratar sobre financiación

­F. ARABÍ/ J GARCÍA VALENCIA ­La huella de Orange Market en el PP valenciano es omnipresente. La mano de Álvaro Pérez, corresponsal de Francisco Correa como recaudador en la Comunitat Valenciana, no sólo movía hilos en los despachos de casi todas las conselleries y de la sede regional del PP. La franquicia valenciana de la trama corrupta actuó desde Vinaròs a Pilar de la Horadada en numerosas campañas municipales de 2007. Y cobró muchos de los actos en dinero «B». Lo revela el informe de la Unidad contra la delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía en el que se destapa un entramado de financiación ilegal de los populares, a través de empresas de la red Gürtel, así como pagos del partido a Orange Market en dinero negro.
En el citado documento, rechazado por el TSJ valenciano a petición del presidente Camps, Costa y Campos, aparecen numerosos apuntes contables como deuda de «Barcelona» (en referencia al dinero «B») por actos de precampaña y campaña de las municipales de 2007 en una veintena de ciudades. «En la mayoría de los actos no se localiza factura alguna justificativa, salvo cuando aparece la cantidad cobrada», señala la Brigada de Blanqueo como conclusión, tras escrutar tanto el libro de facturas de Orange Market como la contabilidad incautada a la trama. Junto a las cantidades fijadas como coste de los actos que se cobrarían en negro, en la documentación interna de la trama figuran en la mayoría de los casos los nombres de los alcaldes y dirigentes locales con un teléfono móvil personal.
En su escrito de conclusiones, la policía señala que podría ser la «persona de contacto para tratar sobre la financiación para realizar el acto». Alcaldes como Lorenzo Agustí (Paterna), Adela Pedrosa (Elda), Manuel Corredera (Mislata), César Augusto Asencio (Crevillent) o José Ciscar (Teulada), entre otros, se encuentran en esa delicada condición de contactos según el informe. Todos ellos campsistas de pro y en varios casos dirigentes regionales y provinciales. También aparecen portavoces populares en importantes ayuntamientos como el de Elx (Mercedes Alonso), Quart (Amparo Mora) o Alcoi (Miguel Peralta). En este último caso, por un acto de las generales de 2008.
Solamente en tres de los municipios investigados aparecen facturas pagadas con su correspondiente IVA a cuenta de esos actos. Y aún así, resultan cargos bastante heterodoxos. En Vila-real, por ejemplo, se abonó una factura de 16.000 euros, pero se quedaron sin pagar 2.640 euros, que se apuntan como pendientes en caja «Barcelona», siempre según el informe al que ha tenido acceso este diario. La persona encargada, según la policía judicial, de tratar sobre la financiación era Francisco Martínez, alcalde y vicepresidente de la Diputación de Castelló. Más estrambótico resulta el caso de Gandia. Orange Market emitió sendas facturas (las números 73 y 74 de 2007) por un montante 1.740 euros (1.500 más IVA) a nombre del candidato a alcalde Arturo Torró por una cena celebrada el 12 de febrero y un acto del 18 de mayo.
En total, la ventanilla valenciana de Gürtel ingresó 3.480 euros. El coste total de los dos actos ascendía a 18.998 euros. Por eso en el llamado «Cuadro alcaldes» de toda la actividad en negro desarrollada por la firma de Álvaro Pérez por la geografía valenciana figura pendiente de pago 14.183 euros. La policía llega a una conclusión incómoda para Torró: «Se desconoce la justificación contable de la diferencia y el posible origen del dinero» que sirvió para satisfacer el pago.
La ex secretaria general del PP Adela Pedrosa consta, como alcaldesa de Elda, en la documentación incautada. Como «hoja Pedrosa» se consignan cuatro actos de Orange Market en su municipio entre el 23 de enero y el 10 de mayo de 2007. El importe total asciende a 13.997 euros. Como en los otros casos, no hay factura, según el informe.

Esto no es el caso Naseiro.

GURTEL

Salto cualitativo en la investigación que compromete potencialmente a Mariano Rajoy

ERNESTO EKAIZER – 28/09/2009 08:00 No está demás recurrir a John Grisham, en su novela La tapadera, cuando define la clave de la estrategia de una defensa penal. Su protagonista, el abogado Mitchell Y. McDeere, lo explica así: “Negar. Negar. Negar. Su teoría de la defensa penal consistía simplemente en: ¡Negar! No admitir nunca ningún hecho ni ninguna prueba que pudiera ser indicio de culpabilidad”. Esa es, en esencia, la estrategia de los valencianos involucrados en la operación Orange Market. Y es la estrategia que Mariano Rajoy y la dirección del PP han bendecido. Pero esta tiene un punto de elaboración. De golpe, los noventa han vuelto: Benidorm, caso Naseiro… El PP lo explica todo por la persecución policial y judicial. Pero, lo que en el caso Naseiro estaba viciado de origen la utilización de intervenciones telefónicas sobre corrupción contra los populares obtenidas en una investigación de narcotráfico aquí, en el caso de la presunta financiación ilegal del PP de Valencia, todo está, judicialmente hablando, en regla. Y por eso tratan de convertir esta historia en un nuevo caso Naseiro, un caso que el Supremo archivó al invalidar las pruebas. El sobreseimiento del caso en Valencia fue un acto precipitado El sobreseimiento libre de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Costa y Rafael Bertoret el pasado 3 de agosto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) fue un acto precipitado. Los jueces que dieron carpetazo al asunto ni siquiera tomaron la precaución de dictar uno provisional. Pero sobre ese auto pesan recursos ante el Supremo; entre ellos, el anunciado por la Fiscalía Anticorrupción. Y al ser una precipitación, ello también ha metido a Rajoy en una trampa al cantar victoria antes de tiempo. Pero persistir, como hace, negando la nueva realidad del informe policial sitúa al líder del PP directamente en el encubrimiento. Se podrá argüir que de perdidos al río. Pero no es la única alternativa que tiene. Quizá, también, podía aprovechar la situación abierta con el informe policial para hacer algunas cosas (depuración) que Aznar hizo en el partido a raíz de Naseiro. Fue así como cimentó su férreo control sobre la organización. Aunque las grabaciones que acompañan al documento policial mencionan a Camps y a su esposa, lo cierto es que el protagonista del material probatorio, documental y telefónico no es el presidente valenciano. En su auto, los jueces del TSJCV exculpaban a Costa de presuntos tratos de favor de la Generalitat valenciana a Orange Market en base al hecho de que no tenía cargo alguno en el gobierno autonómico y situaban la relación en el ámbito privado. Persistir en negar el informe sitúa a Rajoy en el encubrimiento Centro de la tormenta El informe coloca a Costa y a otros dirigentes del partido valenciano en el centro de la tormenta. Es bastante inverosímil que Costa pudiera montar por su cuenta, a espaldas de Camps, la estructura que describe la investigación. Con todo, Rajoy podría explorar diferentes escenarios de separación de Camps respecto de sus colaboradores. El problema es que todo el mundo sabe que Camps es el PP de la Comunidad Valenciana y el primero en saberlo es Rajoy. Por tanto, la estrategia es clara: redoblar el ataque a las instituciones judiciales y policiales como instrumento al servicio del Gobierno. La posición de Camps en términos electorales sigue siendo muy cómoda, a juzgar por los sondeos, ya que el PSOE valenciano no levanta cabeza. Pero la de Rajoy es cada vez más incómoda. Porque, por primera vez desde el estallido del caso Gürtel en febrero pasado, se han puesto sobre la mesa prácticas de falsedades contables para camuflar la presunta financiación ilegal de los conservadores valencianos. Desde el principio, la Fiscalía Anticorrupción sostuvo que la investigación sería, por el material voluminoso, un proceso lento y escabroso, y resistió, sin éxito, los esfuerzos para extraer conclusiones prematuras. El informe supone un salto cualitativo, razón por la cual se ha desencadenado una tormenta de ataques cuyo objetivo es desacreditarlo ipso facto. Tanto los recursos contra el carpetazo como el informe plantean una nueva fase que será más difícil embrollar como lo ha sido hasta el presente.

Camps responde, al fin, sobre el transfuguismo del PP.

POLÍTICA

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayer, el president volvió a burlarse de los periodistas

MARCOS PARADINAS

Su implicación en el caso Gürtel ha conseguido apartar a Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, de las cámaras durante mucho tiempo. El dirigente popular se limita a acudir a presentaciones y actos institucionales, evitando ser preguntado por los periodistas. Ahora, los cruces de acusaciones por el transfuguismo en Alicante le han vuelto a poner en el punto de mira. Ayer consiguió evadir las preguntas al respecto, pero hoy, durante su comparecencia con la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha justificado la llegada de Zaplana a la alcaldía de Benidorm mediante un voto tránsfuga alegando que en 1991 no había Pacto Antitransfuguismo.

<!–Ayer, El Plural informaba de que Mariano Rajoy en persona, en 1991, había acudido a Benidorm a dar su respaldo a Eduardo Zaplana dos días después de que el ex ministro lograra acceder a la alcaldía gracias a un voto de una tránsfuga socialista.

Distancia infinita
Hoy, Francisco Camps, ha justificado esa actitud en quien hoy habla de que “algo huele a podrido en Benidorm” ya que en 1991 “no había un Pacto contra el trasfuguismo firmado entre los dos grandes partidos”. Además, Camps aseguró que “la distancia es infinita” entre el actual caso de Benidorm y el de otros municipios alicantinos donde el PP gobierna por mociones de censura.



Actitud cambiante
Camps respondía así durante su comparecencia con la ministra de Sanidad, que ha acudido al Palau de la Generalitat para analizar junto al presidente la situación de la Gripe A. Sin embargo, la actitud de Camps ayer era bien distinta a la de hoy y mucho más cercana a la que mantiene con los periodistas desde su implicación en el caso Gürtel.

Burla a los periodistas
Camps acudió ayer a Benidorm para inaugurar un hotel. En su comparecencia ante los medios, se le hizo una pregunta: “¿Qué diferencia hay entre esta moción y las del PP en Denia o Villajoyosa?” Su respuesta fue la siguiente, según narra Público: “Pues muchísimas gracias. Y la verdad es que estamos muy contentos con este edificio que acabamos de inaugurar. Hemos creído siempre en el turismo”.

El videomatón
Semejante burla a los periodistas no es nueva. Tras conocerse que el caso de los trajes se archivaba por decisión del magistrado De la Rúa (más que amigo de Camps), el presidente valenciano rechazó contestar a una periodista en la calle que le preguntó si se pagaba sus trajes. Minutos después, Camps emitía un vídeo enlatado con sus opiniones.

“No la conozco, gracias”
Hace una semana, cuando se conoció que el TSJM había requerido a su Gobierno que le diera los contratos que la Administración alcanzó con las empresas de la trama Gürtel, Camps fue preguntado al respecto. El popular replicó, sobre dicha petición: “No la conozco, gracias”.

En Génova 13, convertida en búnker, sigue amontonándose detritus y podredumbre.

21/07/2009

El Plural / Política

Rajoy dijo: “Nadie podrá probar que no son inocentes”

“Sólo hemos visto la espuma del caso Gürtel”, ha declarado Antonio Hernando, secretario de política municipal del PSOE. “Este verano será calentito”, según ha podido saber El Plural de fuentes próximas a la investigación judicial del referido asunto

Noticias relacionadas

Lo cierto es que, atravesado con creces el ecuador del tórrido -o “calentito”- mes de julio, la espuma gürteliana parece que se está convirtiendo en un manantial inagotable de aguas fétidas, un fenómeno de putrefacción que empieza a desbordar todas las previsiones.

Barberá y Cámara
Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, ha sido involucrada –con acreditado fundamento- en la trama de corrupción que capitanean Francisco Correa y Álvaro Pérez El Bigotes. Mientras, volvía a emerger ante la opinión pública Antonio Cámara, ex secretario personal de José María Aznar, durante los ocho años de éste en La Moncloa e incluso antes de que fuera presidente del Gobierno de España.

La generosidad
Cámara habría recibido 90.000 euros en dinero negro procedente de la generosidad de dos sujetos que a estas horas ya son más que presuntos delincuentes. Su cercanía a Aznar tiende a confirmar la teoría de que el caso Gürtel puede acabar salpicando al ex jefe del Gobierno y a su yernísimo Alejandro Agag. Abundan los indicios que conducen a esa pista.

Indicios y pista
A Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, se le ha venido preguntando si él había o no pagado los polémicos trajes. Por su parte, Barberá ha reconocido -aunque implícitamente y utilizando argumentos que son execrables- que sí había recibido los bolsos de lujo.

¿Quién pagó la boda?
Pues bien, pronto habrá que formularle al ex presidente del Ejecutivo, por ejemplo, el siguiente interrogante: “Sr. Aznar, ¿quién pagó los fastos de la boda imperial en el monasterio de El Escorial?”.

Los mafiosos
A Barberá, para defender a Camps, se le ocurrió comparar los trajes -que le regalaron al líder de la derecha valenciana los mafiosos– con las anchoas de Cantabria. Esas exquisita anchoas el presidente de tal autonomía, Miguel Ángel Revilla, las reparte, con otros productos de su terruño entre los vips de la política, del periodismo y de otros sectores influyentes de la vida española. Lo cual Revilla hace con el agrado de sus conciudadanos y la complacencia absoluta de unos y otros.

Mentalidad perversa
Únicamente a una mentalidad perversa, malévola o estólidamente provocadora –como al parecer es la de esta peculiar alcaldesa- le pasa por la cabeza semejante comparación. Y cuando ha admitido –digamos que ha admitido- el regalo de majestuosos bolsos, cuya procedencia es asimismo la de los correas y los bigotes la alcaldesa de Valencia ha ido mucho más lejos.

Todos los políticos, insultados
Barberá -quien ha sostenido que era víctima del ¡Gobierno socialista!- ha insultado a todos los políticos afirmando que todos reciben regalos, empezando por el presidente Rodríguez Zapatero. Según ella, los regalos a Zapatero “tienen que ser más grandes y caros” que los suyos propios. Su pretendida defensa la ha transformado en una infamia y en una demostración de marujeo deleznable. La ciudad de Valencia no se merece una alcaldesa de tan baja estofa.

Crisis devastadora
La reacción popular ante el incremento de noticias vinculadas a la trama Gürtel -que ciertamente resultan muy perniciosas para los conservadores- ha ratificado la incapacidad de Mariano Rajoy y sus colaboradores para hacer frente a una crisis cada día más devastadora. Rajoy –por medio de María Dolores de Cospedal– ha aplicado de nuevo el recurso a refugiarse en el búnker.

Espanto
Los argumentos empleados por el PP producen espanto. Han vuelto a poner en cuestión al Estado de Derecho y ha traspasado la responsabilidad de previsibles corruptos al Ministerio del Interior, al de Justicia y a los medios de comunicación, incluyendo una singular descalificación al Grupo Prisa. Han insistido en presentar al Gobierno actual cual si tuviera –en su actuación- algunas semejanzas con la dictadura franquista o, puestos a decir barbaridades, con la República de Saló.

Ninguna investigación interna
No han anunciado, por supuesto, investigación interna de ningún género. No han manifestado que iban a limpiar de una vez la colosal cantidad de detritus y de podredumbre que se amontona en Génova 13. No han pedido disculpas a sus votantes. Y menos aún a los votantes del resto de partidos. No se han avergonzado. Han exhibido su típica chulería –esta sí de carácter fascista-, faltando el más mínimo respeto a jueces, fiscales, policías y periodistas.

Tics autoritarios
Hasta el presente esta derecha inquietaba a la ciudadanía por sus tics autoritarios y sus acometidas desproporcionadas. A partir de ahora, habrá que añadir que provoca temor ante la posibilidad de que los correas de turno sigan llevándose durante años el dinero de todos los ciudadanos impunemente, mientras Rajoy dice cosas tan cínicas como las que pueden oírse en este vídeo, del 2 de abril de este año, a propósito de Luis Bárcenas y Gerardo Galeote.

Más falso, Judas
Pues eso: “Estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes”. Más falso, Judas.

Enric Sopena es director de El Plural

El multi-imputado Carlos Fabra avisa: “No pienso abandonar el cargo”

POLÍTICA

 

 

 

“¿Cuántos años de cárcel tienen que pedirle para que dimita?”, le preguntan desde el PSOE

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Aunque ha sido acusado por la Fiscalía de cometer un delito continuado de falsedad documental, el presidente de la Diputación de Castellón, el multi-imputado Carlos Fabra, ha asegurado este martes que no piensa “abandonar” su cargo.

<!–Así lo ha dicho en el pleno de la Corporación provincial, en el que la oposición le ha pedido que, después de que la Fiscalía haya pedido para él una pena de dos años en prisión, dimita y deje de dañar “la moral pública y la buena imagen de Castellón”.

Pregunta
El portavoz socialista, Francesc Colomer, le ha preguntado durante la sesión “cuántos años de cárcel” tiene que pedir el Ministerio Fiscal “o de qué delito” le tiene que acusar “para que dimita”, informa Efe.

Respuesta
“No pienso abandonar el cargo y usted perderá las elecciones y luego, posiblemente, le echarán”, ha contestado el presidente provincial del PP y protegido de Mariano Rajoy. Para Fabra, la Fiscalía Anticorrupción “depende del Gobierno” y “está instrumentalizada”.

Sin dignidad
Acto seguido, Carlos Fabra ha asegurado que tiene “un gran respeto para la justicia”. En su turno de réplica, Colomer ha calificado la situación actual de “guión de una película de terror y codicia”. Asimismo, el dirigente socialista ha precisado que si la Fiscalía le acusara a él de lo mismo y le pidiera dos años de cárcel, “se iría a casa por dignidad”.

Doble moral
Finalmente, y tras arropar a Carlos Fabra, el Partido Popular ha aprobado una moción de reprobación a Colomer por “hacer dejación de sus funciones como portavoz y convertir los plenos en un auténtico espectáculo”.

jmgarrido@elplural.com

Alvarito, ¡t’has pasao!, oyes.