Mariano Rajoy y Francisco Camps, al borde de la ruptura.

POLÍTICA

¿Está el virus Gürtel quebrando la unidad del PP?

MANUEL MUÑOZ/VALENCIA

La situación de extrema tirantez entre el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat Valenciana y regional del partido en Valencia, Francisco Camps, h ha puesto su relación al borde de la ruptura, según aseguran fuentes de esa formación. Ambos dirigentes populares estuvieron reunidos en secreto este miércoles durante más de tres horas en el Parador de Alarcón, a mitad de camino entre Valencia y Madrid. Según las citadas fuentes, Rajoy dijo a Camps que la situación creada tras las últimas revelaciones sobre el caso Gürtel ha llegado a un punto en que no se puede continuar sin tomar alguna decisión contundente. Esta advertencia ya le había sido formulada desde la dirección del partido con anterioridad. En este sentido, en medios populares se ha barajado en los últimos días la posibilidad de que dimitiese el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el vicepresidente primero del Consell valenciano, Vicente Rambla, o ambos. Lejos de plegarse a los deseos de Rajoy, Francisco Camps le comunicó que hará lo que estime conveniente y la reunión, de gran tirantez, concluyó sin acuerdo, tras lo que Rajoy regresó a Madrid y Camps, a Valencia.

<!–Las palabras de Camps el martes, durante el debate de política general en las Corts Valencianes, habrían empeorado la situación, ya que Rajoy habría entendido como un desafío que Camps dijese que Valencia “es fundamental y necesaria para que cambien las cosas en España” y que “aquí no se está debatiendo la autonomía valenciana; se debate el futuro de España”.

Rajoy elude responder
Rajoy eludió dar apoyo a Camps cuando, al ser preguntado sobre las posibles dimisiones en Valencia, lanzó balones fuera al responder que no dudaba de que Valencia apoyará la candidatura olímpica de Madrid 2016.

Las cintas apuntan que Rambla «apadrinó» a Orange Market para un evento con 50.000 mujeres.

ESPA„A-CONSELL
Pérez explicó al número dos de la trama que el vicepresidente, según un amigo suyo, apoyaba que su firma organizase un récord de «Fitness»

J. GARCÍA/F. ARABÍ VALENCIA ­
La transcripción de las conversaciones telefónicas incluida como anexo en el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía apunta a que el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, «apadrinó» a Orange Market para un posible evento deportivo que finalmente no ha llegado a celebrarse. Al menos eso es lo que le cuenta el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, al número dos de Francisco Correa, Pablo Crespo, al trasladarle la conversación que ha mantenido con el padre de uno de los compañeros de colegio de su hijo, que participó en una reunión con Rambla tras quedarse un fondo inversor en el que trabaja la empresa de ropa deportiva Kelme. El gran evento, de los que el Consell de Camps ha hecho uno de los pilares de su política, consistía en batir el récord Guiness de mujeres, 50.000, haciendo «fitness», con la Ciudad de las Artes y de las Ciencias como escenario.
Los cabecillas de la trama dan por hecha la participación de la empresa pública que gestiona el complejo levantado por Santiago Calatrava en Valencia en el proyecto. La conversación se produce el 5 de diciembre de 2008. Según explica «El Bigotes» a Pablo Crespo, el padre de un compañero de su hijo se dedica a temas económicos y está en un fondo de inversión que se ha quedado con Kelme. La crisis de esta firma deportiva valenciana, apunta «El Bigotes», la ha gestionado el director del Instituto de Finanzas, Enrique Pérez Boada.
Acto seguido, añade entonces que este padre «le dijo que ayer, en una reunión, estuvieron con el vicepresidente del Gobierno, Vicente Rambla», a lo que «El Bigotes» le apunta que el vicepresidente del Consell «es muy amigo suyo».

Un helicóptero desde el cielo
El hombre de Francisco Correa en Valencia agrega que el padre «cuenta que quieren volcarse en el tema del fútbol y en el del ´fitness´, y que Vicente Rambla les dijo que para todos esos temas a él le gustaría que lo hiciera una empresa valenciana que se llama Orange Market, cuyo dueño es Álvaro Pérez».
«El Bigotes» señala que una de las ideas que le ha planteado el padre es que «50.000 mujeres batiesen el récord de fitness, con un helicóptero grabando desde el cielo y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con gente del Libro Guiness certificándolo». En ese momento, Pablo Crespo apostilla que la Ciudad de las Artes y las Ciencias «también lo patrocinaría». Habla como si fuera el director de Cacsa.
La transcripción revela que el presidente de Orange Market quedó con el padre del niño, al que no se identifica en ningún momento, para hablar del asunto. Pérez asegura que ha llamado a Vicente Rambla «para decirle que ya ha hablado con el hombre ése». Añade que «aprovechó la circunstancia para decirle a Vicente que a ver si la semana que viene le echa una mano». «Vicente le respondió que ya quedarán para desayunar y hablar, ´No te preocupes que está ya a punto de caer´», zanjó, supuestamente sobre el proyecto.
La actitud que Pérez le atribuye a Rambla se contradice, no obstante, con las pegas que en otras conversaciones el vicepresidente pone a las pretensiones de la trama y que provocan las iras de «El Bigotes» con la complicidad del secretario general , Ricardo Costa.

La trama Gürtel cobró al PP en negro por las principales campañas locales de 2007.

Imputados+Francisco+Camps+y+Ricardo+Costa+por+el+caso+G%C3%BCrtel

Catorce alcaldes y portavoces aparecen en los papeles de Orange Market como contactos para tratar sobre financiación

­F. ARABÍ/ J GARCÍA VALENCIA ­La huella de Orange Market en el PP valenciano es omnipresente. La mano de Álvaro Pérez, corresponsal de Francisco Correa como recaudador en la Comunitat Valenciana, no sólo movía hilos en los despachos de casi todas las conselleries y de la sede regional del PP. La franquicia valenciana de la trama corrupta actuó desde Vinaròs a Pilar de la Horadada en numerosas campañas municipales de 2007. Y cobró muchos de los actos en dinero «B». Lo revela el informe de la Unidad contra la delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía en el que se destapa un entramado de financiación ilegal de los populares, a través de empresas de la red Gürtel, así como pagos del partido a Orange Market en dinero negro.
En el citado documento, rechazado por el TSJ valenciano a petición del presidente Camps, Costa y Campos, aparecen numerosos apuntes contables como deuda de «Barcelona» (en referencia al dinero «B») por actos de precampaña y campaña de las municipales de 2007 en una veintena de ciudades. «En la mayoría de los actos no se localiza factura alguna justificativa, salvo cuando aparece la cantidad cobrada», señala la Brigada de Blanqueo como conclusión, tras escrutar tanto el libro de facturas de Orange Market como la contabilidad incautada a la trama. Junto a las cantidades fijadas como coste de los actos que se cobrarían en negro, en la documentación interna de la trama figuran en la mayoría de los casos los nombres de los alcaldes y dirigentes locales con un teléfono móvil personal.
En su escrito de conclusiones, la policía señala que podría ser la «persona de contacto para tratar sobre la financiación para realizar el acto». Alcaldes como Lorenzo Agustí (Paterna), Adela Pedrosa (Elda), Manuel Corredera (Mislata), César Augusto Asencio (Crevillent) o José Ciscar (Teulada), entre otros, se encuentran en esa delicada condición de contactos según el informe. Todos ellos campsistas de pro y en varios casos dirigentes regionales y provinciales. También aparecen portavoces populares en importantes ayuntamientos como el de Elx (Mercedes Alonso), Quart (Amparo Mora) o Alcoi (Miguel Peralta). En este último caso, por un acto de las generales de 2008.
Solamente en tres de los municipios investigados aparecen facturas pagadas con su correspondiente IVA a cuenta de esos actos. Y aún así, resultan cargos bastante heterodoxos. En Vila-real, por ejemplo, se abonó una factura de 16.000 euros, pero se quedaron sin pagar 2.640 euros, que se apuntan como pendientes en caja «Barcelona», siempre según el informe al que ha tenido acceso este diario. La persona encargada, según la policía judicial, de tratar sobre la financiación era Francisco Martínez, alcalde y vicepresidente de la Diputación de Castelló. Más estrambótico resulta el caso de Gandia. Orange Market emitió sendas facturas (las números 73 y 74 de 2007) por un montante 1.740 euros (1.500 más IVA) a nombre del candidato a alcalde Arturo Torró por una cena celebrada el 12 de febrero y un acto del 18 de mayo.
En total, la ventanilla valenciana de Gürtel ingresó 3.480 euros. El coste total de los dos actos ascendía a 18.998 euros. Por eso en el llamado «Cuadro alcaldes» de toda la actividad en negro desarrollada por la firma de Álvaro Pérez por la geografía valenciana figura pendiente de pago 14.183 euros. La policía llega a una conclusión incómoda para Torró: «Se desconoce la justificación contable de la diferencia y el posible origen del dinero» que sirvió para satisfacer el pago.
La ex secretaria general del PP Adela Pedrosa consta, como alcaldesa de Elda, en la documentación incautada. Como «hoja Pedrosa» se consignan cuatro actos de Orange Market en su municipio entre el 23 de enero y el 10 de mayo de 2007. El importe total asciende a 13.997 euros. Como en los otros casos, no hay factura, según el informe.

Esto no es el caso Naseiro.

GURTEL

Salto cualitativo en la investigación que compromete potencialmente a Mariano Rajoy

ERNESTO EKAIZER – 28/09/2009 08:00 No está demás recurrir a John Grisham, en su novela La tapadera, cuando define la clave de la estrategia de una defensa penal. Su protagonista, el abogado Mitchell Y. McDeere, lo explica así: “Negar. Negar. Negar. Su teoría de la defensa penal consistía simplemente en: ¡Negar! No admitir nunca ningún hecho ni ninguna prueba que pudiera ser indicio de culpabilidad”. Esa es, en esencia, la estrategia de los valencianos involucrados en la operación Orange Market. Y es la estrategia que Mariano Rajoy y la dirección del PP han bendecido. Pero esta tiene un punto de elaboración. De golpe, los noventa han vuelto: Benidorm, caso Naseiro… El PP lo explica todo por la persecución policial y judicial. Pero, lo que en el caso Naseiro estaba viciado de origen la utilización de intervenciones telefónicas sobre corrupción contra los populares obtenidas en una investigación de narcotráfico aquí, en el caso de la presunta financiación ilegal del PP de Valencia, todo está, judicialmente hablando, en regla. Y por eso tratan de convertir esta historia en un nuevo caso Naseiro, un caso que el Supremo archivó al invalidar las pruebas. El sobreseimiento del caso en Valencia fue un acto precipitado El sobreseimiento libre de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Costa y Rafael Bertoret el pasado 3 de agosto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) fue un acto precipitado. Los jueces que dieron carpetazo al asunto ni siquiera tomaron la precaución de dictar uno provisional. Pero sobre ese auto pesan recursos ante el Supremo; entre ellos, el anunciado por la Fiscalía Anticorrupción. Y al ser una precipitación, ello también ha metido a Rajoy en una trampa al cantar victoria antes de tiempo. Pero persistir, como hace, negando la nueva realidad del informe policial sitúa al líder del PP directamente en el encubrimiento. Se podrá argüir que de perdidos al río. Pero no es la única alternativa que tiene. Quizá, también, podía aprovechar la situación abierta con el informe policial para hacer algunas cosas (depuración) que Aznar hizo en el partido a raíz de Naseiro. Fue así como cimentó su férreo control sobre la organización. Aunque las grabaciones que acompañan al documento policial mencionan a Camps y a su esposa, lo cierto es que el protagonista del material probatorio, documental y telefónico no es el presidente valenciano. En su auto, los jueces del TSJCV exculpaban a Costa de presuntos tratos de favor de la Generalitat valenciana a Orange Market en base al hecho de que no tenía cargo alguno en el gobierno autonómico y situaban la relación en el ámbito privado. Persistir en negar el informe sitúa a Rajoy en el encubrimiento Centro de la tormenta El informe coloca a Costa y a otros dirigentes del partido valenciano en el centro de la tormenta. Es bastante inverosímil que Costa pudiera montar por su cuenta, a espaldas de Camps, la estructura que describe la investigación. Con todo, Rajoy podría explorar diferentes escenarios de separación de Camps respecto de sus colaboradores. El problema es que todo el mundo sabe que Camps es el PP de la Comunidad Valenciana y el primero en saberlo es Rajoy. Por tanto, la estrategia es clara: redoblar el ataque a las instituciones judiciales y policiales como instrumento al servicio del Gobierno. La posición de Camps en términos electorales sigue siendo muy cómoda, a juzgar por los sondeos, ya que el PSOE valenciano no levanta cabeza. Pero la de Rajoy es cada vez más incómoda. Porque, por primera vez desde el estallido del caso Gürtel en febrero pasado, se han puesto sobre la mesa prácticas de falsedades contables para camuflar la presunta financiación ilegal de los conservadores valencianos. Desde el principio, la Fiscalía Anticorrupción sostuvo que la investigación sería, por el material voluminoso, un proceso lento y escabroso, y resistió, sin éxito, los esfuerzos para extraer conclusiones prematuras. El informe supone un salto cualitativo, razón por la cual se ha desencadenado una tormenta de ataques cuyo objetivo es desacreditarlo ipso facto. Tanto los recursos contra el carpetazo como el informe plantean una nueva fase que será más difícil embrollar como lo ha sido hasta el presente.

El PSPV regala a Camps un Código Penal para “afrontar su previsible futuro”.

POLÍTICA

 

 

 

 

“En la justa reciprocidad que se merece” el Reglamento de Les Corts que el PP regaló a Leire Pajín

 

ELPLURAL.COM

En los últimos días, los diputados de Les Corts valencianas ha protagonizado un cruce de irónicos regalos: el pasado 16 de septiembre el portavoz adjunto de los populares en la Cámara regional, Rafael Maluenda, obsequió a la secretaria de Organización socialista, Leire Pajín, con una copia del reglamento del Parlamento autonómico para que comprobase que no se está obstaculizando su elección como senadora. Ahora la diputada socialista Clara Tirado le devuelve su deferencia regalando al presidente valenciano, Francisco Camps, un Código Penal, instándole a que lo “cumpla y aplique”. “Seguramente le será muy útil para afrontar su previsible futuro”, añade en el registro de entrada de la comunicación.

<!–El pasado 16 de septiembre la secretaria de Organización del PSOE recibió un regalo de cumpleaños un tanto irónico del portavoz adjunto del PP en Les Corts: Rafael Maluenda le hizo llegar una copia del Reglamento de la Cámara regional, según dijo, para que la dirigente comprobase “por sí misma que no hay ningún bloqueo en su designación como senadora territorial”. Maluenda pedía a Pajín que se leyese “el reglamento y luego se lo preste al vicesecretario general del PSOE, José Blanco, o a la portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, que tanto han criticado desde el desconocimiento”.

“Muy útil para su previsible futuro”
Ahora, la diputada regional del PSPV Clara Tirado quiere devolverles el favor a los populares por lo que también ha hecho llegar un curioso regalo al presidente de la Comunitat: un Código Penal que, según la nota del registro de entrada, “le será muy útil para afrontar su previsible futuro”.

En “justa reciprocidad”
Tirado agradece el “amable obsequio” hecho a Pajín y afirma que seguramente la secretaria de Organización lo “leerá atentamente, ya que le tiene un profundo respeto a la institución que representa la soberanía del pueblo valenciano”. “En la justa reciprocidad que se merece la iniciativa”, ironiza, los socialistas devuelven el detalle a Camps.

Que lo “cumpla” y lo “aplique”
“Estos reglamentos y códigos es importante que se regalen, se conozcan y se lean, pero todavía más que se cumplan y apliquen. Son muy útiles para actuar desde la responsabilidad con la ciudadanía”, concluye la diputada, deseando al president que el obsequio “le sea de utilidad”.

Camps y Bárcenas, cadáveres vivientes y…

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

  • ENRIC SOPENA

    29/07/2009

Cabos sueltos

Luis Bárcenas -aforado al máximo nivel como consecuencia de su escaño de senador- compareció hace exactamente una semana ante el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde, que es el instructor de la causa. Salió Bárcenas, tras ser interrogado por el magistrado y por el fiscal, con la equívoca etiqueta de “imputado provisional”. Se trata de una insólita categoría procesal, que cabe legítimamente interpretar como una improcedente cortesía del magistrado hacia el tesorero del PP. Lo cierto es que el acusado afirmó a los periodistas que estaba “muy contento” al haber podido demostrar su “inocencia”.

<!–Pero resulta una evidencia que el senador Bárcenas –cuya actividad en la Cámara Alta es desconocida- no acertó en su optimista diagnóstico. Porque si este hombre, tan diestro en acumular a gran velocidad una fortuna exuberante, hubiera en efecto demostrado su “inocencia”, a estas horas no habría presentado su dimisión a Mariano Rajoy o bien éste no se la hubiera aceptado. La renuncia del tesorero del PP se produjo muy pocas horas después de una información puntilla, que ayer publicaba El País. La Fiscalía Anticorrupción sugiere que Bárcenas “encubrió” con un crédito el dinero que le dio Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel.

“Dimisión temporal”

Rajoy -emulando al magistrado Monterde- ha bautizado el gesto de Bárcenas como el de “dimisión temporal.” ¿Por qué tantos miramientos con este sujeto? ¿Por qué Rajoy volvió a defender ayer, en el último comité ejecutivo del PP antes de las vacaciones, la “presunción de inocencia” del tesorero quien, por cierto, estaba presente? ¿Por qué criticó también los juicios paralelos; o sea, los mediáticos? ¿Y por qué de nuevo insistió en la teoría de la conspiración contra su partido, insinuando nada menos que el Gobierno pretende hundir a la oposición?

Hacia el abismo
Al líder de la derecha hace ya meses que la situación derivada de los escándalos de corrupción le supera con creces y le empuja -con lentitud pero con obvio peligro- hacia el abismo. En paralelo a la dimisión de Bárcenas, hemos sabido que el caso de los espías ha resucitado súbitamente, con nombres y apellidos y por la vía judicial. El cierre de la Comisión Parlamentaria de Investigación –decretado por Esperanza Aguirre a instancias de su gurú principal, que es Pedro J. Ramírez- fue un cierre en falso.

Manuel Cobo y Prada

Tres ex guardias civiles, contratados por el consejero de Interior y hombre del círculo de confianza de la lideresa, Francisco Granados, han sido imputados. No se olvide que dos altos cargos del sector marianista –el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex vicepresidente del Gobierno autonómico madrileño, Alfredo Prada- presentaron sus correspondientes denuncias al juzgado denunciando que habían sido objetos de investigaciones o seguimientos ilegales.

Va para largo
Ni la exigua ventaja que otorga el CIS al PP sobre el PSOE ha podido dar un respiro tranquilizante a Rajoy, que por lo demás continúa siendo valorado como jefe de la oposición mayoritaria muy por debajo de José Luís Rodríguez Zapatero. El temporal de la corrupción popular no parece dispuesto a desaparecer en breve. Más bien da la impresión de que va para largo. Adviértase que llevamos más o menos medio año de trama Gürtel y, con intermitencias, del caso de los espías. Y el PP no consigue controlar la situación.

Defensa férrea

Todo lo contrario. Rajoy ha optado por una defensa férrea, numantina, encerrado el PP en su área o en su bunker. Ha fracasado también cuando ha ensayado escarceos cercanos al axioma de que la mejor defensa es un buen ataque. Porque un buen ataque no consiste en decir barbaridades o en inventarse realidades irreales o en soltar vulgares chorradas sobre las anchoas cántabras o sobre los regalos de Navidad. Todo eso no es un buen ataque. Es sólo la pataleta de los que han sido pillados con las manos en la masa. Como le ha pasado a Francisco Camps, que no quiere reconocer que, haga lo que haga, su carrera política se ha terminado. Camps y Bárcenas son políticamente cadáveres vivientes.

Arenas movidizas
Y, más allá de los enfrentamientos entre Rajoy y Aguirre, lo cierto es que la presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a adentrarse en el territorio de las arenas movidizas. Puede prodigarse cuanto quiera en sus exhibiciones sobre el himno nacional y el Tour de Francia tatareando una letra inexistente. Puede hacer risas con Rubalcaba. Puede continuar cerrando a cal y canto Fundescam -evitando la más mínima transparencia al respecto-, esa Fundación donde enviaban mucho dinero para apoyarla en sus campañas el presidente de su club de fans y presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y otros empresarios espabilados.

Máximo peligro
Puede Aguirre encogerse de hombros en torno a los espías. Puede seguir diciendo que los imputados en la trama Gürtel no eran de los suyos, aunque tal aseveración no sea en absoluto exacta. Aguirre regresa a zona de máximo peligro. ¿Es éste el balance del liderazgo de Rajoy? Tiene al presidente de la Comunidad de Valencia, contra las cuerdas y con sus trajes. ¿Tendrá en el futuro inmediato en una posición similar a Aguirre? De momento, el intocable Bárcenas –otro de los iconos populares– ha caído por fin del pedestal. ¿Temporalmente? Tiempo al tiempo.


Enric Sopena es director de El Plural

El presidente del Tribunal de Valencia, transmutado en abogado defensor de Camps.

POLÍTICA

 

El líder conservador valenciano, de regalo en regalo ¿hasta la absolución final?

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), Juan Luís de las Rúa, se ha quitado -sin complejos y a la vista de todo el mundo- la careta de la imparcialidad al menos formal, exigible a un magistrado. Más que juez se ha transmutado en abogado defensor del PP valenciano. O, dicho de otro modo, en abogado defensor de Francisco Camps y de paso también de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

<!–El auto de De la Rúa, rechazando en su calidad de presidente de la sala de lo Civil y lo Penal, la petición del PSPV (PSOE) –personado formalmente en la causa como acusación particular-, constituye un escándalo tanto en el fondo como en la forma. Afirma De la Rúa que “debe resaltarse que de los razonamientos del escrito de interposición se desprende claramente que lo pretendido por la acusación particular es realizar una especie de batida de montería, o en términos menos cinegéticos y más jurídicos, de hacer una pesquisa general”.

Estrictamente, trajes
Sabíamos, y así lo adelantamos en El Plural hace unos días, que a De la Rúa se le había acabado el mandato y había pasado a ser técnicamente un presidente provisional o en funciones del TSJV hasta que le llegue el relevo. Supimos también, y así lo publicamos, que De la Rúa –que inicialmente quería archivar el caso Camps relativo a los trajes- habría llegado como contrapartida a un cierto consenso con los demás jueces para que la instrucción, que llevó a cabo con exquisita profesionalidad José Flors, se ciñera estrictamente a los vestidos, como así ha sido, en efecto.

Sí, el texto; no, el contexto
Es decir, que gracias a la presión a De la Rúa se investigó el texto pero fue desechado el contexto. Evidentemente, si los trajes que recibió Camps –y que él no ha podido justificar de ninguna manera- le hubieran llegado a su casa de parte de la cofradía de sastres de la Comunidad valenciana, por ejemplo, como muestra de aprecio al presidente de la Generalitat, que representa a todos los ciudadanos valencianos, este asunto no habría llamado la atención ni habría desatado en absoluto la polémica que ha desatado. A nadie con sus facultades mentales no deterioradas se le habría ocurrido presentar una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción por el regalo de esos trajes del presidente.

El problema de fondo
El problema de fondo es otro, naturalmente. Es público y bien notorio –aunque Camps lo negara en declaraciones periodísticas aseverando que ni lo conocía- que entre él y Álvaro Pérez el Bigotes– hay o había una estrecha, fluida y muy amical relación. Lo malo es que el Bigotes es el número dos de una banda que ha ido sembrando corrupción por doquier en territorio popular y, de forma harto explicitada, en la Comunidad valenciana.

Con el agravante…
Con el agravante de que la mayoría absoluta del PP en el Parlamento autonómico ha bloqueado cuantas solicitudes llegaban desde la oposición para examinar contratos de las empresas de Correa y de Pérez; contratos vinculados a las consejerías de la Generalitat y otros departamentos, incluido Canal Nou, cuyo director general parecía, y sigue pareciéndolo, un agente gürtel.

Más que amigo
¿Tiene sentido que los presuntos delitos realizados en Valencia se estén sustanciando en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué además todo este proceso judicial –con más de cien imputados- no ha ido a parar íntegramente al Tribunal Supremo? ¿Por qué fraccionar el affaire, lo que dificulta diagnosticarlo en su conjunto? En cuanto al TSJV, no debe silenciarse que Juan Luís de la Rúa, que es un juez conservador, fue investido en un acto público más que amigo suyo por Camps.

No sólo no se ha inhibido
Esta circunstancia debería haberle llevado a De la Rúa a inhibirse personalmente en un asunto en el que está implicado un amigo suyo. Pero no sólo no se ha inhibido, sino que –según confirma el auto mencionado- ha sido capaz de menoscabar el recurso del PSPV (PSOE) describiendo la demanda de que se ampliara la investigación judicial como una “montería”. O sea, como un intento de caza mayor, obviamente destinado a cobrarse al PP como pieza. El amigo de Camps le ha hecho otro importantísimo regalo, mucho más relevante que los trajes gratis total. Consiste el regalo en un mensaje pérfido: los socialistas no buscan la justicia, sino la destrucción de sus adversarios.

La de los bolsos y las anchoas
Está Rita Barberá, la de los bolsos y las anchoas, que se sale de satisfacción. La alcaldesa ha dicho: “Hasta los jueces les dicen a los socialistas reiteradamente que actúan de mala fe, que van de cacería”. Camps calla, por ahora, con cautela y prudencia. Pero debe estar contento y agradecido. Si el refrán señala que “tener un amigo es tener un tesoro”, Camps podrá decir –en el supuesto de que este ominoso episodio se consolide- que “tener un amigo juez como De la Rúa, que ejerce de abogado defensor y además gratis, es como tener mil tesoros”. El líder de la derecha valenciana es un hombre afortunado. Va de regalo en regalo ¿hasta la absolución final?

Enric Sopena es director de El Plural