Camps se sentará en el banquillo de los acusados sin renunciar al cargo.

POLÍTICA

El enroque del presidente aboca la Generalitat al desgobierno

MANUEL MUÑOZ / VALENCIA

La Generalitat Valenciana vive en permanente colapso desde hace cinco meses, el tiempo que dura la instrucción del llamado caso Gürtel, que afecta a su presidente, Francisco Camps, y le ha producido un grave deterioro político. Tras el auto del juez instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Flors, el lunes, en el sentido de continuar las diligencias con vistas al juicio oral, Camps parece decidido a enrocarse y a sentarse en el banquillo de los acusados, ante un jurado popular, sin renunciar al cargo. Y para ello cuenta con la aquiescencia de la dirección del PP que, lejos de propiciar su renuncia, ha decidido darle su apoyo.

<!–Este lunes, al inicio de la segunda semana de julio, todavía no habían  recibido las diferentes conselleries la orden de confección del  presupuesto, cuando lo normal es que esta se difunda en la segunda  quincena de junio. El proceso de elaboración de los presupuestos debe  concluir con la presentación del correspondiente proyecto a las Cortes  Valencianas antes del 1 de noviembre, según especifica el Estatuto de  Autonomía. El retraso en el presupuesto es un indicativo más de la  situación del colapso que vive la Administración autonómica  valenciana, pendiente de la marcha de la investigación judicial que  implica a su presidente y al número dos del PP valenciano, Ricardo Costa. Especialmente tras el auto del juez Flors, cuyo relato de los hechos evidencia que no ha creído ni una palabra de las declaraciones que Camps decía estar ansioso de ofrecer para aclararlo todo.

Elecciones anticipadas
Así las cosas, las hipótesis que se venían barajando en círculos de la  Generalitat y del PP parecen desvanecerse. Una era la posibilidad de  que Camps convocase elecciones anticipadas para ceder el paso a otro  candidato. La otra, que renunciase para evitar el coste político del  juicio. Se han hecho muchas cábalas sobre la sucesión, aunque el  nombre de la alacaldesa de Valencia, Rita Barberà, es el que tenía más  fuerza. También se habla hace tiempo de la necesidad de la remodelación en un Consell de la Generalitat que, amén de la parálisis  institucional derivada del caso, presenta algunas deficiencias  importantes en los reponsables de varios departamentos y una  permanente falta de entendimiento entre el vicepresidente primero,  Vicente Rambla, y el vicepresidente segundo, Gerardo Camps. Pero la  actual situación parece que aplaza sine die los posibles cambios.

Pagaron las empresas de la red
El auto del lunes del juez Flors no toma en consideración, en el  relato de hechos que hace, la declaración de Camps en el sentido de  que pagó sus trajes en Madrid en metálico con dinero de la farmacia de  su esposa. Es evidente que no la cree y que, por tanto, debe de creer  que el presidente de la Generalitat le mintió. El magistrado, de otra  parte, no encuentra constancia de relación directa entre el pago de  las prendas de ropa a Camps, Costa y los otros dos imputados, Víctor  Campos y Rafael Betoret, y las adjudicaciones de la Generalitat a las  empresas de la red Correa. Pero tampoco duda de que fueron estas  quienes pagaron. Por eso remite al artículo 426 del Código Penal, que  prevé multa de tres a seis meses para “la autoridad o funcionario  público que admitiere dádiva o regalo que les fueren ofrecidos en consideración a su función”.

Postura numantina
Es de destacar que este artículo no prevé más pena que la multa, sin  la accesoria de inhabilitación para cargo público que se da en otros  del capítulo relativo al cohecho. Así pues, parece que Camps está decidido a aguantar el chaparrón sobre la base de que, en el caso de  ser condenado, solo le sería impuesta una multa. El problema de fondo  es que será un espectáculo impagable que la primera autoridad  valenciana se siente en el banquillo de los acusados sin dejar el  ejercicio de su cargo. Y un hecho difícil de calificar que acabe  siendo condenado por recibir regalos y con la plena constancia de que  ha mentido reiteradamente. Todo eso, claro está, con independencia de  que no parezca descabellado pensar que estos hechos no son sino una  evidencia de una manera de actuar que va mucho más allá.

Meses por delante
La comparecencia de las partes que el juez Flors ha fijado para el día  15 de julio viene forzada por la Ley del Jurado. Tras celebrarse,  tendrá tres días para abrir juicio oral, si bien parece indudable que  lo hará a estas alturas. En medios jurídicos se da por seguro que, con  los trámites necesarios para elección de jurado y posibles  impugnaciones, el proceso durará, como poco hasta diciembre. Un largo  espectáculo que mantendrá en situación de parálisis a la Generalitat  Valenciana.

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