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La Fundació Fòrum Ambiental y Ecocity premian el esfuerzo de los municipios por la sostenibilidad


Redacción
17-05-2008

El premio a la “Ciudad Sostenible” fue para Donostia por la magnitud de sus actuaciones y los buenos resultados obtenidos

La Fundació Fòrum Ambiental y Ecocity hicieron entrega ayer viernes de los Premios Ciudad Sostenible, que se otorgan como reconocimiento al esfuerzo de los municipios y Entes Locales Supramunicipales del estado Español en los que se hayan desarrollado satisfactoriamente actuaciones dirigidas a la sostenibilidad.

El jurado de los Premios Ciudad Sostenible estuvo formado por las siguientes instituciones públicas: los ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Vitoria (ganadora en la categoría de “Ciudad Sostenible” de la edición anterior), la Generalitat de Catalunya, el Institut Català d’Energia (ICAEN), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Junta de Andalucía, el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundació Fòrum Ambiental (en calidad de secretario).

Por categorías, estos fueron los premiados:

Agua: el galardón fue para la Mancomunidad Sureste Gran Canaria, gracias al diseño y construcción de un “sistema integral agua-energía-agricultura” basado en el uso de una tecnología de alto nivel para la desalación, depuración y potabilización de aguas. Además, la mancomunidad ha desarrollado diversas campañas de concienciación ciudadana para el ahorro de agua.

Residuos: el premiado en esta categoría fue el municipio de Alicante, cuyo proyecto destaca por su objetivo de optimizar la gestión y el aprovechamiento de los residuos, minimizando la repercusión desfavorable de la gestión de los mismos en el medio ambiente y consiguiendo la implicación de los ciudadanos del municipio de Alicante. El proyecto se basa en dos apartados principales: un Centro de Tratamiento de Residuos (RSU y RCD’s) y un programa de educación ambiental para fomentar la implicación de la ciudadanía y la concienciación sobre la importancia de una conducta ecológica. En este caso, el jurado valoró muy positivamente el alto nivel del proyecto presentado, así como la dificultad de su implantación dada el importante volumen de población flotante de la ciudad.

Entes Supramunicipales: el ganador en este apartado fue la Diputación de Jaén gracias a su programa Agenda 21, que se centra en tres líneas de trabajo: la colaboración con los Ayuntamientos de la provincia adheridos al programa en la confección y definición de sus Agendas 21 locales; la información, sensibilización y educación medioambiental de la ciudadanía; y el impulso de proyectos comunes a través de las inversiones medioambientales.

Recursos Naturales: el premio en esta categoría se lo llevó el Collado de Villalba gracias a su proyecto de recuperación de un espacio natural en deficiente estado de conservación, convirtiéndolo de esta manera en el mayor espacio o parque público existente en la localidad. La zona que se ha recuperado se encontraba en manos privadas hasta el año 2002 y pretendía construir 350 viviendas, pero el Ayuntamiento, al entender el valor natural del enclave, recalificó el espacio como suelo no urbanizable protegido por su interés y valor paisajístico. Además, en este espacio se han construido las instalaciones en las que se centra la educación ambiental dentro del término municipal y se ha optado por adquirir ovejas de una raza autóctona de Madrid que se encuentra en peligro de extinción para mantener las zonas de pasto en perfectas condiciones.

Movilidad: el premio en esta categoría fue para la ciudad de Sevilla, por el diseño y la construcción de una red de carriles bici de 77 kilómetros de longitud, que da cobertura a toda la ciudad, conectando los barrios periféricos con el centro. Uno de los objetivos esenciales de este proyecto ha sido conseguir que la bicicleta se alíe funcionalmente con otros medios de transporte diferentes al coche, especialmente con el transporte público, aumentando la movilidad y facilitando una intermodalidad efectiva entre todos ellos. De manera que no se trata de construir carriles en todos los lugares, sino de integrar la bicicleta como medio de transporte competitivo y seguro en el sistema urbano de movilidad.

Ciudad Sostenible: el premio fue para la localidad de Donostia. El jurado valoró la labor desarrollada por este municipio desde hace mucho tiempo, así como la magnitud de las actuaciones y los resultados conseguidos. Algunas de las áreas principales en las que ha actuado y sigue actuando esta localidad son la lucha contra el cambio climático, con el objetivo de convertir San Sebastián en una ciudad con “emisión neutra de carbono”; la movilidad sostenible a través de una importante red de bidegorris (vías ciclistas), una innovadora ordenanza de circulación de peatones y ciclistas o diversos programas de sensibilización; las energías renovables. También ha realizado acciones de prevención de residuos: utilización de pañales reciclables, fiestas sostenibles, reducción de envases de bebidas en hostelería, banderolas informativas recicladas, fomento de los mercados de segunda mano, intercambio de juguetes, fomento del compostaje, compra verde en las oficinas, preservación de la biodiversidad…

Motivos para perder una VPO.

Fraudes como ceder la vivienda de protección oficial a otra persona o venderla antes de tiempo implican cuantiosas multas y el riesgo de perderla

  • Autor: Por ELENA V. IZQUIERDO
  • Fecha de publicación: 2 de mayo de 2008

Aumento del fraude


– Imagen: Irene A.

“Si te toca el piso se lo puedes dejar a tu hermano”; “escrituramos a mi nombre para que puedas acceder tú como mi pareja a una VPO y luego vendemos la vivienda libre”. Frases como ésta suelen ser habituales ante la posibilidad de acceder a una vivienda protegida mediante sorteo. Una práctica delictiva que supone la pérdida inmediata de la casa de protección oficial. Ceder la vivienda protegida a otra persona, utilizarla sólo para disfrutar de ella sólo varios meses al año, vender el piso sin que supere el período necesario para descalificarlo, o realquilarlo sin permiso a un precio superior al permitido, son algunas de las prácticas contra las que llevan años luchando las distintas administraciones públicas. Algunas ilegalidades suponen para el infractor multas bastante elevadas, y los fraudes o incumplimientos contractuales más graves implican la pérdida de la Vivienda de Protección Oficial.

La subida en el precio de la vivienda durante la última década y las diferencias entre lo que hay que pagar por una casa en el mercado libre y por una de protección oficial -que en ocasiones puede ser tres veces más recibiendo las mismas prestaciones- son algunos de los factores que han provocado un aumento del fraude en la compraventa de viviendas protegidas. Las acciones ilegales en este ámbito son tan frecuentes que desde muchos sectores se ven con normalidad y se toleran en el entorno social del comprador y el vendedor.

Ante este fraude masivo, el Ministerio de Vivienda y las diferentes comunidades autónomas, que tienen transferida esta competencia, se han puesto manos a la obra para endurecer la legislación y reforzar los servicios de inspección. Uno de los objetivos que persiguen es poner freno a la especulación, lo que permitiría conservar el parque de vivienda pública y favorecer a quienes realmente necesitan esta ayuda.

Derechos y obligaciones

Las personas que optan a una vivienda de protección oficial han de cumplir una serie de condiciones, que pueden ser diferentes en cada comunidad autónoma. En general han de ser ciudadanos que no superen una determinada renta, no estén en posesión de otra vivienda, reúnan una serie de requisitos sociales o familiares y formen parte de la lista de demandantes. Es importante recordar que, a la hora de firmar el contrato de compra o alquiler de la VPO, no sólo se adquiere una vivienda con los derechos que esto conlleva, sino que se ha de cumplir con una serie de obligaciones. Una persona puede, efectivamente, perder su piso, pero solamente si no observa las normas establecidas en el contrato. Cada consejería o departamento de Vivienda puede actuar de manera distinta, y lo que supondría la expropiación del piso en una región, en otra podría quedar reducido al pago de una multa.

Cuando se otorga una VPO hay que pagar el 20% de su coste total porque sólo se financia el 80% mediante hipoteca

Muchos de los demandantes de un piso protegido desconocen que cuando se les otorga la VPO tienen que pagar el 20% del coste total porque sólo se financia el 80% mediante hipoteca, mientras que en la vivienda libre el porcentaje financiable puede ascender al 100%. Por tanto, si un piso protegido cuesta 180.000 euros, hay que pagar 36.000 euros de entrada. No hacer frente a esta cantidad es una de las causas que provocan que el piso se conceda a otra persona, la siguiente en la lista

INSPECCIONES CONTRA EL FRAUDE

Para atajar el fraude en las Viviendas de Protección Oficial, las comunidades autónomas están creando servicios especiales que se dedican exclusivamente a la inspección de las mismas. El objetivo es garantizar que ninguna de las VPO que se entregan sea ocupada por personas distintas a las adjudicatarias, que no se vendan o alquilen de manera irregular, o que permanezcan vacías.

Uno de los servicios más efectivos es el que se lleva a cabo en el País Vasco. A finales del año pasado se habían inspeccionado más 22.000 pisos protegidos de los 55.000 que forman parte del parque público. De hecho, entre 2006 y 2007, tras estas revisiones, se encontraron 2.525 posibles fraudes, se impusieron 262 sanciones con una cuantía media de 2.238 euros y se recuperaron 37 viviendas protegidas. En treinta casos fueron sus propios dueños quienes pusieron el piso a disposición pública tras pagar la correspondiente sanción, y los siete restantes fueron expropiados. Todos ellos se adjudican después a personas demandantes de vivienda protegida. Los inspectores pueden hacer visitas directas a las viviendas, mirar los buzones, preguntar a los vecinos, consultar a la Cámara de Propiedad o el Registro de Viviendas de Protección Oficial. Además de estas funciones, el servicio también se dedica a instruir los expedientes informativos y sancionadores, a la atención de los recursos y a llevar los procesos de expropiación.

Otras medidas de este departamento son la adjudicación por sorteo de todas las viviendas, la calificación de los pisos de por vida para que no se pueda especular con ellos y la aplicación del tanteo -utilizado ya en muchas autonomías-, que permite a la comunidad en cuestión comprar las viviendas protegidas a los propietarios a precio tasado para que no puedan venderse por una cantidad mayor. En 2007, se habían recuperado en el País Vasco un total de 275 VPO por la vía del tanteo y retracto.

Las infracciones


– Imagen: Juan Pellicer

Entre los compromisos que adquiere la persona que compra una VPO se encuentra el de vivir en ella de manera habitual y utilizarla como primera residencia. Solamente se pueden pasar fuera tres meses al año, aunque dependiendo de la región en que se habite este período puede variar. Sólo en circunstancias muy especiales, y tras comunicárselo previamente a la consejería o departamento correspondiente, puede incumplirse este requisito. Para ello, las comunidades autónomas hacen inspecciones periódicas. Es más común de lo que se piensa que el titular del piso de protección oficial infractor tenga otras residencias adquiridas posteriormente -a su nombre o al de otras personas- y que utilice la primera como lugar de vacaciones, lo que se considera una falta muy grave.

También se puede dar el caso de que la vivienda permanezca vacía. Cuando se firma el contrato, las cláusulas reflejan la obligación de entrar a vivir en el piso en un período de tiempo determinado. Si el titular no cumple con estos requisitos, puede perder la propiedad. Es muy llamativa la cantidad de información que puede revelar una persiana bajada durante un mes, el buzón lleno de correspondencia o el contador de la luz, el agua o el gas a cero. Tirando de estos hilos, los inspectores pueden preguntar a los vecinos, y visitar en varias ocasiones la casa hasta llegar a la conclusión de que está vacía. Muchas viviendas ya han sido retiradas por este motivo.

Otro de los fraudes que se comete con frecuencia es vender la vivienda protegida sin estar autorizado a hacerlo. Quien adquiere una VPO sabe que no puede transferirla a otro dueño hasta que pase un período de tiempo determinado, que varía según la legislación de cada autonomía. Para venderla, ha de solicitar previamente su descalificación y que ésta se lleve a cabo. El fraude consiste en poner a la venta la vivienda por el precio máximo que permite la comunidad autónoma y añadir un importe que el comprador paga en dinero negro. Suele ser una cantidad bastante elevada pero que, sumada a lo que cuesta el piso, no asciende a lo que se paga en el mercado libre. De este modo, tanto el comprador como el vendedor, resultan beneficiados. Las únicas que pierden son las personas que esperan obtener la vivienda protegida. Hasta hace un par de años estaba tan extendida esta práctica que hay quien asegura que los propios bancos tasaban el precio por un valor muy superior al legal. La venta del piso de forma fraudulenta es una de las prácticas más graves según la normativa.

La VPO puede ser expropiada si permanece vacía y si se cede o alquila de manera fraudulenta

Es muy común que los titulares de la vivienda protegida la cedan a familiares o amigos bien de manera gratuita o recibiendo un dinero mediante fórmulas que se alejan de la legalidad. Muchas veces esta ilegalidad se advierte a través de las facturas de la luz, el gas o la correspondencia certificada que llega al buzón con el nombre de personas que no son titulares de la casa. Cada vez más autonomías cuentan con inspectores que se dedican al control de las viviendas protegidas, y los fraudes que encuentran no son pocos.

Tampoco se puede alquilar un piso protegido sin un permiso previo. En todo caso, si el arrendamiento se permite, ha de ser a precio de VPO y no del mercado, ya que el titular no puede lucrarse con esta vivienda ni utilizarla para especular. Muchas veces, cuando el inspector visita la casa y se encuentra con el inquilino ilegal, éste finge no hablar el idioma, dice que es familiar del dueño y que se encuentra allí pasando unos días. Los trucos son múltiples, pero no es fácil engañar a la inspección. Si en un momento dado el titular desea vender esta propiedad sin que se haya cumplido el tiempo estipulado para hacerlo, puede que tenga que contar con el visto bueno del inquilino porque la vivienda pasará a ser libre, y también el alquiler.

Por supuesto, si el solicitante ha falsificado los documentos para cumplir los requisitos de acceso a la VPO y el fraude se descubre tendrá que devolver la vivienda. Es complicado engañar con datos como los que se extraen de las diferentes cuentas, ya que las empresas envían anualmente a la Agencia Tributaria las retenciones practicadas a sus trabajadores. Incluso se investigan los datos de la unidad familiar, uno de los aspectos que más se manipula por parte de las familias interesadas en acceder a la vivienda protegida, ya que las familias numerosas pueden acceder a este tipo de viviendas de 120 metros cuadrados, cuando el tope para el resto es de 90-. Se llega a dar el caso de solicitantes que aseguran reunir estos requisitos haciendo constar que un hijo vive en la unidad familiar cuando realmente reside en otro lugar de manera independiente.

Otra obligación es pagar puntualmente todas las cuotas, tanto si se trata de un piso de alquiler como si se ha comprado mediante un crédito hipotecario. No obstante, cuando la infracción es cometida por familias en una situación económica o social “en riesgo de exclusión”, los servicios sociales de la comunidad pueden tenerlo en cuenta a la hora de tolerar ciertos retrasos. Pero esto no se debe tomar como norma sino como algo puntual.

Asimismo, las personas que optan a una vivienda de protección oficial deben saber que ésta se compra para vivir en ella de manera habitual y, en ningún caso, el titular está autorizado a montar allí un negocio. No puede convertirse en una oficina, un comercio, o una asesoría, como se ha producido en alguna ocasión. Tampoco está permitido llevar a cabo en ella actividades que puedan resultar peligrosas, tóxicas o molestas.

Las hipotecas, más caras.

La subida del Euribor en mayo encarecerá las hipotecas en 53 euros al mes

La media del indicador se sitúa en lo que va de mes en el 4,985%. Las entidades financieras endurecen el acceso a créditos

  • Fecha de publicación: 29 de mayo de 2008

El Euribor de mayo va a complicar aún más la situación económica de las familias que tienen contratado un crédito hipotecario. El indicador más utilizado para el cálculo de hipotecas alcanzó ayer un nuevo máximo anual diario al situarse en el 5,053%, con lo que la media mensual con la que previsiblemente terminará el mes provocará un encarecimiento de las hipotecas contratadas hace un año de 53 euros mensuales.

A falta de la jornada de hoy y de la de mañana, la media mensual del Euribor se sitúa ya en el 4,985%, lo que incrementará una hipoteca media (de unos 150.000 euros) contratada hace un año en 53 euros mensuales o 636 al año, ya que en mayo de 2007 este indicador cerró en el 4,373%.

Los tipos de interés en la eurozona llevan unos cuantos meses anclados en el 4% y no parece que el BCE tenga previsto bajarlos a corto plazo

El índice hipotecario sumó ayer de nuevo unas décimas que lo sitúan por encima de los niveles de diciembre de 2000, cuando cerró al 4,88%, y muy cerca del 5,193% de noviembre de ese año. El Euribor marcó su máximo histórico en agosto de 2000 al alcanzar la tasa del 5,248%, cota que los analistas estiman que igualará o superará en agosto de este año.

Pendiente del BCE

El Euribor refleja las previsiones sobre la situación en que se situarán los tipos de interés en la eurozona dentro de 12 meses, y sube cuando los mercados prevén que el Banco Central Europeo (BCE) tiene intención de aumentar los tipos de interés. Así, a mayor número de subidas previstas del precio del dinero, más se incrementa este indicador.

De momento, los tipos de interés en la eurozona llevan unos cuantos meses anclados en el 4% y no parece que el BCE tenga previsto bajarlos a corto plazo. No obstante, los expertos no descartan que la institución monetaria aplique un recorte de un cuarto de punto antes de que termine el ejercicio.

El Euribor a 12 meses, el índice más utilizado por los bancos para prestar dinero a sus clientes, comenzó a cotizar en enero de 1999 y, desde entonces, ha oscilado entre un mínimo de 2,014% y un máximo del 5,248%.

Endurecimiento de los créditos

El alza del Euribor incrementa el riesgo de impago tanto por parte de los que tienen contratado un crédito, como de los que se plantean suscribir uno. Por eso, bancos y cajas han procedido a endurecer aún más las condiciones de acceso a préstamos, según ha constatado el Banco de España. Esas mayores exigencias afectaron en el primer trimestre del año a todas las operaciones, pero en mayor medida a la adquisición de bienes de consumo que a la concesión de hipotecas y a los créditos a las empresas.

De cara al segundo trimestre, esa tendencia va a proseguir. Las entidades creen que se prolongará la contracción generalizada de la oferta y la demanda en todo tipo de préstamos, si bien perciben que en el segmento de la financiación a los hogares se podría frenar el ritmo de caída.

Las entidades creen que se prolongará la contracción generalizada de la oferta y la demanda en todo tipo de préstamos

Las entidades españolas explican que entre enero y marzo redujeron la oferta de crédito tomando el cuenta el riesgo de impago de los solicitantes, por la desaceleración económica, el alza del desempleo y la situación del mercado inmobiliario. También consideraron el aumento de los costes de financiación y la menor disponibilidad de fondos, consecuencias directas de las turbulencias en los mercados financieros.

De forma paralela, las condiciones asociadas a los nuevos préstamos se hicieron más exigentes para hogares y empresas. Las entidades ampliaron sus márgenes -aplicando tipos de interés más elevados- y recortaron la relación entre el préstamo y el valor reconocido tanto al inmueble hipotecado como a otros tipos de garantía.

Bajó la demanda de hipotecas, y las familias también pidieron menos créditos para la compra de bienes duraderos, viajes y otros fines en el primer trimestre. Estos créditos al consumo se vieron afectados por el descenso de la confianza de los hogares en la marcha de la economía y en la evolución de sus ingresos.

Mayores valencianos dan su compañía a cambio de cariño.

S. GARCÍA. 25.05.2008

  • En Valencia hay 198 personas que pasan de los 65 y que son voluntarios de Cruz Roja.
  • Todos ayudan a otros más mayores .
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Una vez llega la jubilación no todo el mundo toma la misma decisión de irse de vacaciones a Benidorm o quedarse en casa viendo el tiempo pasar, hay otras personas que deciden dedicar su tiempo libre a ayudar a los demás, que además también son mayores y tienen preocupaciones.
Este es el caso de las 198 personas ( 110 hombres y 88 mujeres) que forman parte del voluntariado de Cruz Roja en Valencia, dentro del programa Mayores que Ayudan a otros Mayores.

Los voluntarios hacen de dos a seis horas semanales

Todos ellos se encargan de acompañar tanto física como mentalmente a otras personas con edad avanzada, es decir, escuchan los problemas que tienen, en la mayoría de casos suelen ser familiares, así como acompañarlos al médico, a comprar o simplemente a ver la tele un rato con ellos y hacerles compañía para que no se sientan solos.

Los voluntarios que trabajan para Cruz Roja tienen la obligación de prestar un servicio semanal mínimo de dos a seis horas, pero la mayoría de ellos, como explican desde la entidad: «Suelen implicarse tanto que al final están mucho más tiempo y forman parte de la familia».

Cruz Roja cuenta con otros programas para participar en el voluntariado como por ejemplo en pisos tutelados para ayudar a niños con pocos recursos o que tienen problemas. Además, los voluntarios, como su nombre indica, pueden prestar otros servicios, por ejemplo, captar fondos para la entidad o repartir alimentos a la gente más necesitada.
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