La Audiencia Nacional obliga al gobierno valenciano del PP a retirar la orden de paralización de la desaladora de Torrevieja.

LA AUDIENCIA NACIONAL OBLIGA AL GOBIERNO VALENCIANO DEL PP A RETIRAR LA ORDEN DE PARALIZACIÓN DE LA DESALADORA DE TORREVIEJA, PORQUE SE ADOPTÓ EN CLAVE POLÍTICA CONTRA EL GOBIERNO SOCIALISTA DE ZAPATERO

La Audiencia Nacional, en un auto dictado el pasado 31 de enero – que se dio a conocer ayer – ha denegado “de manera contundente” la demanda de la Generalitat valenciana de paralizar, con carácter cautelar, las obras de la desalinizadora de Torrevieja, en Alicante, según informaron informaron en un comunicado fuentes del Ministerio de Medio Ambiente.

La Generalitat Valenciana no necesita “protección provisional”. Esta petición formaba parte del recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno valenciano contra el proyecto constructivo de la desalinizadora de Torrevieja, alegando motivos medioambientales, y pedía la adopción de medidas cautelares de suspensión de las obras.
La Audiencia Nacional mantiene, entre otros argumentos, que ‘no existen derechos o intereses legítimos de la entidad autora –en referencia a la Generalitat– necesitados de protección provisional’.

La desaladora no atenta contra el medio ambiente. De este modo, en el auto rechaza la suspensión de las obras, en la medida en que la Generalitat valenciana, ‘contrariamente a lo que invoca en su escrito, no acredita los daños y perjuicios que alega’, señalaron las mismas fuentes, citando parte de la resolución judicial.
Estos supuestos daños son de carácter medioambiental y ‘se contradicen con la Declaración de Impacto Ambiental que, en sentido favorable a la ejecución del proyecto de construcción de la planta desaladora, consta emitida con fecha 13 de marzo de 2006’.

Gana el interés público, contra intereses particulares…En opinión del Ministerio de Medio Ambiente, la Audiencia Nacional llega a ser ‘aún más categórica’ al hablar de los ‘intereses particulares’ de la Generalitat frente a los ‘intereses públicos’ de la desalinizadora. Al respecto, el auto concluye que ‘el interés público que se pretende con la construcción de la planta desaladora, interés público que, esencialmente, consiste en garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura, ha de prevalecer respecto de los intereses particulares de la entidad autonómica’, según las mismas fuentes.

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