El Síndic indaga si hay ´mal uso´ del fondo para la casa de acogida a mujeres maltratadas

La Plataforma Feminista denunció que los 800.000 euros también se destinarán a otros colectivos

 

Nacho Martín, Castelló
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana investiga si la Generalitat Valenciana ha incurrido en un uso indebido de 800.000 euros del fondo estatal contra la violencia de género al convertir la Casa de Acogida a Mujeres Maltratadas de Castelló en un Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Riesgo Social.
La investigación surge a raíz de una denuncia de la Plataforma Feminista de Valencia (integrada por 34 asociaciones), colectivo que advirtió sobre la utilización de los mencionados 800.000 euros para “fines no previstos en la ley” .
La plataforma estima que el cambio de tipología del centro perjudicará a las condiciones de asistencia que reciben las víctimas de la violencia machista en Castelló y las hará convivir con otras mujeres que sufren otros tipos de riesgo que no están necesariamente vinculados (trastornos adictivos, falta de recursos, desestructuración familiar…).
La denuncia argumenta que no sólo se utiliza con otra finalidad dinero destinado exclusivamente a las víctimas de violencia de género, sino que también se degrada la protección que estas recibirán en una casa de acogida que debe ser confidencial y preservar a las mujeres de posibles intentos de agresión.
El argumento de la plataforma se refuerza con un informe psicológico que advierte sobre la necesidad de “un trato y atención diferenciados que recomiendan no compartir dependencias con otros colectivos de riesgo social”.
Además, las 34 asociaciones firmantes subrayan que el presupuesto del Consell para la casa de acogida ha descendido de 3,7 a 3 millones de euros. “El Gobierno Valenciano no destina ni medios ni recursos para la prevención y atención de la violencia de género, y los pocos existentes se reducen siguendo sólo un critero de ahorro económico alejado de la realidad social”, apunta la plataforma.
La polémica se enmarca, además, en un contexto en el que las competencias sobre violencia de género han pasado de manos de la Conselleria de Bienestar Social a la de Justicia y Administraciones Públicas, circunstancia que ha generado una preocupación aún mayor entre los colectivos en defensa de las víctimas.
La voz de alarma también ha sido lanzada públicamente esta semana desde la Xarxa Feminista de la Plana, la cual considera que el cambio de denominación “no es casual, sino intencionado, y tendrá consecuencias nefastas para la atención de mujeres víctimas de la violencia de género, ya que las pocas plazas y la dotación para estas mujeres deberán ser compartidas con otras en riesgo social”.
Con este argumento en la mano, la Xarxa cuestionó a la Generalitat por gestar una regresión y condenó “su nula sensibilidad en el adecuado tratamiento de las mujeres víctimas de violencia de género que necesitan un trato y atención diferenciada que recomienda no compartir dependencias con otros colectivos de riesgo social”.
Informe de expertos
El aluvión de críticas se ha completado con un comunicado de la Plataforma Ciudadana de Participación y Control sobre la Igualdad de Oportunidades de Castelló, dentro de la cual destaca la Fundación Isonomía, que advierte del mismo problema y se respalda en un informe que concluye que debe “excluirse de este tipo de recursos la convivencia de cualquier otra problemática distinta de la violencia de género”. La plataforma advirtió que las autoridades competentes “deben cumplir la obligación que les ha sido encomendada o tendrán que depurarse responsabilidades”.