El PSPV-PSOE decide abrir una “ventanilla bis” para facilitar la tramitación de las ayudas sociales a los ciudadanos, ante la burda obstruccion del PP y la Generalitat Valenciana.

El PSOE VALENCIANO DECIDE ABRIR UNA “VENTANILLA-BIS” PARA ATENDER A LOS MILES DE CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA A QUIENES LA GENERALITAT DEL PP NIEGA LAS AYUDAS DEL GOBIERNO SOCIALISTA DE RODRÍGUEZ ZAPATERO…

La portavoz adjunta del PSPV en Les Corts y responsable de la gestora del PSPV-PSOE de Bienestar Social, Carmen Ninet, y el portavoz de Políticas Sociales, Antoni Torres, anunciaron ayer que darán “cobertura jurídica a los dependientes de la Comunitat que la Generalitat no atiende”. Con el objeto de establecer las líneas de actuación de los socialistas, los diputados mantuvieron una reunión de trabajo con los portavoces y alcaldes socialistas de Castellón y Valencia, el pasado miércoles.

Las ventanillas-bis en ayuntamientos socialistas. Una de las decisiones adoptadas, explicó Torres, es que “frente a la indefensión a la que somete la Generalitat Valenciana a los más de 40.000 dependientes de esta Comunitat que han solicitado la valoración, los socialistas darán soporte jurídico a los afectados que siguen esperando una respuesta del Consell”.  Además, los socialistas utilizarán las infraestructuras municipales “para sustituir al Consell en sus atribuciones, a pesar de que ha recibido alrededor de 48 millones de euros del Gobierno de España”, indicó Torres, quien se preguntó “¿dónde está el dinero?”.

La “indecencia” del presidente Francisco Camps. Carmen Ninet denunció la “indecencia” del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por la “actitud de boicot” que mantiene desde el primer día de la aprobación de la Ley de Dependencia. En esta línea, destacó que Navarra, Andalucía, Cantabria, Asturias, Extremadura, Baleares y Murcia en diciembre del año pasado “ya estaban abonando las prestaciones previstas, mientras otras autonomías ya habían finalizado todo el proceso de valoraciones, y Cataluña y Aragón se comprometían a empezar a pagar antes de finalizar 2007, tal como establece la ley”, señaló.

Madrid y Valencia boicotean las políticas sociales de Zapatero. “La Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid sólo han puesto trabas a una ley que amplia y consolida el estado de bienestar.”, lamentó la portavoz socialista. “Parece ser que la alianza de Camps y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es para administrar la derrota de su líder, Mariano Rajoy, y para situarse en la derecha más radical que está dispuesta a lo que sea, aunque sea a costa de la justicia social”, aseveró.

La trampa. En su opinión, “es muy grave esta actitud de obstrucción que mantiene el PP únicamente por intereses partidistas, en su obsesión de hacer de oposición del Gobierno de Zapatero”. La parlamentaria insistió en que “los socialistas hemos denunciado este bloqueo en todas las instancias institucionales y hemos presentando mociones en todos los ayuntamientos” y añadió que “los sindicatos, otros colectivos y los afectados también han denunciado esta situación”. Asimismo, manifestó que “el Consell del PP sentó las bases de este boicot programado cuando a través de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociosanitarias solo formó a 35 personas cuando según la ley tendrían que ser 120 (1 valorador/a por cada 120.000 habitantes)”.

¿Dónde ha puesto el PP 50 millones de euros?. “Otro antecedente de este boicot anunciado es que “el Consejo interritorial integrado por ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y consellerias afectadas, todavía no ha sido convocado”, subrayó. Para Ninet, “las cifras también constatan este bloqueo porque la Generalitat tendría que haber valorado más de 20.000 dependientes en 2007, algo que no ha hecho y que marca la norma, de manera que ha incurrido en un incumplimiento de la ley”. Igualmente, consideró “muy grave que la Generalitat se gaste las aportaciones del Estado en financiar una prestación propia del Consell, el bono-cheque, a la que está obligada por su propia ley valenciana”. La parlamentaria exigió al presidente de la Generalitat que “expliqué en qué se ha gastado los 50 millones que ha transferido el Gobierno de Zapatero a la Comunitat para la aplicación de la ley de dependencia”.