martes, 11 diciembre 2007
POR PRIMERA VEZ EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA, SE CONDENA A LA DICTADURA FRANQUISTA Y SE RECONOCEN LOS DERECHOS VILIPENDIADOS DE SUS VÍCTIMAS, EN LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA APROBADA POR EL SENADO
La Ley de la Memoria Histórica, que pretende dignificar a quienes lucharon contra el franquismo y compensar a las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura, superó ayer su último obstáculo parlamentario y recibió la ratificación final del Senado. El polémico proyecto, que entrará en vigor de inmediato tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, nace gracias al respaldo de PSOE, CiU, PNV, CC, PSC, ICV y el Grupo Mixto.
El PP no quiere condenar el franquismo. Sólo rechazaron la ley el PP, que la considera «hipócrita» e «innecesaria», y ERC, que cree que es «un fraude» porque no satisface a las víctimas. PP y ERC volvieron a escenificar en la cámara alta su rechazo a la ley de la Memoria Histórica con la presentación de dos vetos que fueron rechazados por los demás grupos. A pesar de coincidir en su descontento, los motivos que llevaron a populares y republicanos a pedir la devolución del proyecto al Congreso son distintos en el fondo y las formas.
Los independentistas catalanas quieren otra ley. El PP nunca aceptó esta ley, y ERC quería otra de más calado, con una condena radical del franquismo y que anulase las sentencias de la represión. Por eso, y por estar en las antípodas ideológicas, no se apoyaron mutuamente en sus vetos. El proyecto recibió el respaldo del Senado sin que sus miembros modificaran una coma del texto acordado por los grupos en el Congreso. En la tribuna, saludaron su aprobación una veintena de descendientes de exiliados y huidos de la guerra civil, que gracias a esta ley podrán acceder 70 años después a la nacionalidad española.
Se “asume” la condena del franquismo. En la redacción del texto destaca la condena tibia del anterior régimen incluida en la exposición de motivos, que señala que el texto «asume la condena del franquismo» aprobada en el Congreso el 20 de noviembre de 2002 y la de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006. Un pronunciamiento poco claro no sólo para ERC, también para algunos de los grupos que apoyaron la ley, como IU. La norma establece «la ilegitimidad de los tribunales jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos» que en la guerra civil impusieron condenas «por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa». Son, por tanto, «ilegítimas» las sentencias de los consejos de guerra, tribunales de responsabilidades políticas y órganos represivos especiales tales como el antiguo Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y el Tribunal de Orden Público (TOP).
Ayudas a las víctimas de la dictadura del general fascista, Francisco Franco. La norma amplía las ayudas para los descendientes de los fusilados y para quienes sufrieron «heridas, enfermedad o lesión accidental como consecuencia de la guerra». El Estado facilitará, además, la búsqueda y recuperación de los restos de los fusilados que estén en paradero desconocido. La retirada de los escudos, estatuas, símbolos, placas y objetos exaltadores de la sublevación militar o de sus protagonistas queda a cargo de los ayuntamientos y de las comunidades. El Valle de los Caídos, se regirá por las normas de los lugares de culto y cementerios públicos.
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